La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional dio un plazo de seis meses al Ministerio de Educación, para crear un método de evaluación de planteles educativos que sea inclusivo y tenga en cuenta los logros de algunas instituciones frente al proceso de enseñanza de las personas en situación de discapacidad. En la misma decisión, el Tribunal Constitucional instó al Ministerio a implementar un diálogo más eficaz con quienes tienen la responsabilidad de la educación a este sector de la población.
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