pic Autos levantamiento de suspensión términos

Expediente: D-12052 Providencia: A. 233/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 1º (parcial) de la ley 1819 de 2016. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, una vez quede ejecutoriada dicha decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12128 Providencia: A. 234/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia para que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir de la etapa en que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12017 Providencia: A. 258/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificado con el número de expediente D-12017 y correspondiente a la demanda formulada contra la Resolución 1733 de 2016. Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12122 Providencia: A. 259/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificada con el número de expediente D-12122 y correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 301 (parcial) de la Ley 1564 de 2012. Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12250 Providencia: A. 260/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificada con el número de expediente D-12250 y correspondiente a la demanda formulada contra los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013. Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12278 Providencia: A. 261/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificada con el número de expediente D-12278 y correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. . Se dispone que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales, a partir del momento en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12036 Providencia: A. 279/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificado con el número de expediente D-12036 y correspondiente a la demanda formulada contra los artículos 38 numeral 4º parágrafo 1º de la Ley 734 de 2002 y 60 (parcial) de la Ley 610 de 2000. Se dispone también, que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12046 Providencia: A. 280/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso de la referencia, identificado con el número de expediente D-12046 y correspondiente a la demanda formulada contra los artículos 5 y 6 (parciales) de la Ley 1427 de 2010, por la cual se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena) y se dictan otras disposiciones. Se dispone también, que una vez ejecutoriada la presente providencia se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12249 Providencia: A. 287/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12249, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 12 (parcial) de la Ley 1797 de 2016, por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12345 Providencia: A. 288/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12345, correspondiente a la demanda formulada contra el artículo 135 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país. Se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12019 Providencia: A. 314/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el proceso identificado con el número de expediente D-12019 , correspondiente a la demanda formulada en contra de los artículos 6º y 7º de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. Consecuentemente se dispone que, una vez ejecutoriada esta decisión, se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraban al momento de la suspensión.

Expediente: D-12105 Providencia: A. 315/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12105 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º numeral 5º de la Ley 403 de 1997 y 1º de la Ley 815 de 2003. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12121 Providencia: A. 316/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12121 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12519 Providencia: A. 318/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12519 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8 (parcial) de la Ley 1843 de 2017. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

Expediente: D-12172 Providencia: A. 319/18
Con el presente auto se levanta la suspensión de términos en el expediente D-12172 correspondiente a la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 349, 350 y 351 (parciales) de la Ley 1819 de 2016. Consecuentemente con lo anterior se dispone que, ejecutoriada esta decisión se contabilicen nuevamente los términos procesales a partir de la etapa en la que se encontraba al momento de la suspensión.

pic Corte Constitucional escucha a comunidades raizales y líderes comunitarios de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

La crisis en el sistema de salud, la afectación que derivó el fallo de La Haya y sobrepoblación de la isla por falta de controles efectivos en el ingreso de personas sin arraigo, son algunos de los temas que expusieron los líderes comunitarios ante los magistrados Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo, Jose Fernando Reyes y el procurador Fernando Carrillo.
Walt Reyes, vocero de autoridad raizal, aseguró que según cifras oficiales, más de 78 mil personas viven en el archipiélago y que los recursos hídricos de consumo humano pone en riesgo la vida de los pobladores. Dice que los controles de la Oficina de Control, Circulación y Residencia - OCCRE, son insuficientes.

Juan Ramírez Dawkins, vocero de autoridad raizal, dijo que esa población  llega a 35 mil personas y que ahora se sienten desplazados, “aseguró que la existencia como pueblo está en peligro de desaparecer”

Miss Alice Mitchell, líder comunitaria, manifestó su preocupación por la cantidad de asesinatos en los últimos 8 años. Y es que según la Defensoría del Pueblo en lo que va corrido del año han sido asesinadas 11 personas.
La salud es uno de los temas más preocupantes, Miss Alice Mitchell narró como el hospital Clarence Lynd Newball Memorial se queda corto para atender la cantidad de pacientes y las dificultades para el traslado a otras ciudades del país a personas con complicaciones médicas.

El presidente de la Corte Constitucional, Magistrado Alejandro Linares, expuso diferentes sentencias de la Corte en  las que se han protegido derechos a la consulta previa, a la autodeterminación y la sentencia C-269 de 2014 en la que se pronunció sobre el Pacto de Bogotá y las diferencias limítrofes con Nicaragua. Aseguró que las relaciones internacionales son de competencia exclusiva del Gobierno Nacional, pero que “la Corte ha señalado que en caso de violación de derechos fundamentales, aun en el marco de tratados internacionales, el juez constitucional podrá valorarlas y ordenar su protección por la vía de la acción de tutela (sentencia C-750 de 2008)”. El magistrado Linares también explicó la sentencia C-290 de 2017 en la que se declaró exequible la inclusión de una nueva curul en la Cámara de Representantes para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El Procurador Fernando Carrillo llamó la atención por la crisis sanitaria, especialmente del relleno sanitario Magic Garden, la problemática de acumulación de desechos hospitalarios y las complejidades de atención en salud. Pidió a la Gobernación doblar esfuerzos para atender las diferentes problemáticas. También  pidió avanzar en un Estatuto Raizal.

Los magistrados de la Corte Constitucional tomaron nota sobre las condiciones del goce  de derechos fundamentales de la población raizal que será util como contexto en diferentes procesos.

pic Unidad de Victimas está obligada a motivar sus decisiones

T-227/18. La Corte Constitucional amparó los derechos de tres personas a quienes la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV negó la inclusión al Registro Único de Víctimas (RUV).
La Sala Séptima de Revisión hizo un llamado a la UARIV para que, a la hora de negar la inclusión al registro, motive su decisión con base a elementos jurídicos. “la UARIV está obligada a motivar sus decisiones con elementos que demuestren que los hechos victimizantes no se dieron en el marco del conflicto armado interno, acudir a diferentes bases de datos, consultar fuentes y evaluar elementos jurídicos, técnicos y de contexto”.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio al examinar la escasa documentación recaudada por la UARIV en las negativas de inclusión de personas al registro. En algunos casos se basó en la “simple valoración de la declaración rendida por los solicitantes y la exposición de algunos elementos de contexto”.
La Sala considera que el principal insumo para determinar la inclusión de una persona al RUV por el hecho victimizante de homicidio es el expediente de la Fiscalía General de la Nación y, dependiendo del caso, las sentencias proferidas por los jueces de la República en materia penal.
En los casos en concreto, la Sala de Revisión examinó las peticiones de las madres de dos personas asesinadas en Medellín en 1996 y 2011, y el padre de dos jóvenes asesinados en Planadas, Tolima. La UARIV negó las inclusiones al considerar que la información aportada al proceso no relacionaba los crímenes con el conflicto armado.

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pic Control de constitucionalidad de la normatividad relacionada con la Jurisdicción Especial para la Paz

La Corte Constitucional informa a la opinión pública que ha avanzado en el estudio de las diferentes normas de creación e implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, de la siguiente forma:

El Acto Legislativo 01 del cuatro (4) de abril de 2017, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones” fue declarado en su mayor parte exequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante sentencia C-674 del catorce (14) de noviembre de 2017, la cual actualmente se encuentra en trámite de firmas y será publicada en los próximos días.


El día 18 de diciembre de 2017, el proyecto de ley estatutaria número 08 de 2017 Senado, 016 de 2017 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz”, fue repartido mediante sorteo para su trámite y sustanciación. El día 12 de enero de 2018, luego de la vacancia judicial (19 de diciembre de 2017 a 11 de enero de 2018), el magistrado ponente asumió el conocimiento del asunto y ordenó realizar las comunicaciones de ley y decretó la práctica de las pruebas requeridas para el correspondiente estudio de constitucionalidad del proyecto. El 18 de mayo, se recibieron las pruebas del Senado de la República que aún estaban pendientes y dentro del término legal se ordenó la fijación en lista por diez (10) días para efectos de las intervenciones ciudadanas, de entidades públicas y del Procurador General de la Nación. El 5 de junio el Procurador General de la Nación manifestó impedimento para rendir el concepto a su cargo y el 13 de junio la Sala Plena de la Corte lo negó mediante auto que actualmente se encuentra en trámite de notificación.


El trámite legislativo de la ley de procedimiento de la JEP no depende del control de constitucionalidad que se surte ante este Tribunal sobre la ley estatutaria de la administración de justicia en la JEP mencionada en el punto 2 anterior, ya que aquella se trata de una ley ordinaria de procedimiento que desarrolla el Artículo 12 transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017. En este sentido, los códigos de procedimiento de las distintas jurisdicciones no dependen de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996).

pic Suspensión de procesos ejecutivos contra el Congreso de la República

La Corte Constitucional suspendió procesos ejecutivos en contra el Congreso de la República que se iniciaron por sentencias de reparación del Consejo de Estado, en las que se declaró la responsabilidad del legislador ante la inexequibilidad de una norma tributaria (Ver Auto 312 de 2018).


Esos procesos ejecutivos quedarán suspendidos hasta que la Corte Constitucional falle la tutela cuyo expediente es T-6171737.
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pic Corte Constitucional protege derechos de menor que participó en juego ‘la ballena azul’ y ordena su regreso a clases sin condiciones del colegio

T-067/18 La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional estableció que un colegio vulnera el derecho a la educación de un estudiante que participó en un juego en línea potencialmente lesivo (“ballena azul”), al condicionar su reintegro formal a las actividades académicas a un nuevo concepto médico y a la decisión del Comité Escolar. La Corte precisó que “no se puede impedir el pleno acceso y permanencia de un estudiante, fijando condicionamientos que no son constitucionalmente razonables”.
La Corte confirmó la tutela que amparó el derecho a la educación de Emilio, un menor de 14 años que fue sorprendido en su colegio, en mayo del año pasado, participando del peligroso juego denominado “la ballena azul”, el adolescente llegó a su casa con muestras de autoflagelación en uno de sus brazos. Emilio estuvo hospitalizado en la clínica La Misericordia.
María, progenitora de Emilio, solicitó al colegio un permiso para que el menor se ausentara durante 15 días con el fin de recibir un tratamiento psicológico, debido a que en la clínica La Misericordia le habían diagnosticado trastorno opositor desafiante, episodio depresivo leve-moderado y trastorno de personalidad no especificado.
Después del tratamiento, la mamá de Emilio intentó que el adolescente regresara a clases, pero obtuvo la respuesta de que debía esperar un concepto del Comité Escolar.
La señora María manifestó ante la Secretaría de Educación, Inspección y Vigilancia de la Gobernación que el Colegio se negaba a recibir a su hijo en el plantel educativo, después de que estuvo hospitalizado en una unidad de salud mental. Pero el colegio respondió que no lo había suspendido de las actividades académicas y que no lo discriminaba.
La señora María planteó las siguientes pretensiones en la acción de tutela, presentada el 16 de junio de 2017: (i) que se ordenara al Colegio reintegrar a Emilio a sus clases y le permita terminar el año escolar; (ii) que no se le discriminara de manera alguna por la falta cometida, que no se le hiciera perder el año y que se le brindara acompañamiento psicológico por parte de la Institución, (iii) que se le permitiera ponerse al día con todas las tareas y talleres dejados en clases; y, (iv) finalmente, que se investigara la conducta de la Institución, para evitar que se tomen represalias contra su hijo.
El juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco amparó los derechos del menor y ordenó el reintegro sin contar con un concepto previo. Además de brindar un acompañamiento sicológico.
Al estudiar el caso, la Corte Constitucional determinó que, si bien el colegio intentaba con sus decisiones proteger a los menores de que el peligroso juego se repitiera, debía buscar una medida armónica que garantizara el pleno ejercicio de derechos de Emilio y de sus compañeros. “Los colegios, sin lugar a dudas, tienen la potestad de sancionar o tomar la determinación de que un estudiante no continúe en el plantel educativo, siempre y cuando dicha decisión este fundada en razones constitucionalmente legítimas, de lo contrario estarían afectado el desarrollo armónico e integral, entre otros derechos. Además, se expuso que en el marco de una sociedad de la información, la familia, los colegios y el Estado tienen el deber de evitar que las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se conviertan en un medio para vulnerar o amenazar los derechos de los menores de edad”.
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional con ponencia de la magistrada Diana Fajardo, además de confirmar el fallo, solicitó “al Gobierno Nacional que, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, diseñe, promueva y divulgue de manera efectiva herramientas pedagógicas para enfrentar los riesgos de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones”.
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pic Corte Constitucional ampara derecho de menor estadounidense a quedarse con su madre en Colombia

T-202/18. Una larga discusión jurídica en diferentes estrados judiciales terminó con un fallo de la Corte Constitucional que ampara los derechos fundamentales de los niños y del debido proceso de una menor de 8 años de edad. Además, la Corte protege el derecho al debido proceso de la madre, de nacionalidad colombiana, quien solicitó por tutela que se revocara una decisión de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que había ordenado la restitución de la menor a su padre de origen estadounidense y el regreso a ese país.
La menor nació en Palm Beach, estado de la Florida, el 8 de enero de 2010. El 19 de diciembre de 2015 viajó a Colombia en compañía de su madre, con autorización de su padre. Meses después la mujer decidió no regresar y pidió el divorcio. El padre inició un proceso de restitución internacional para que se ordenara el regreso de la menor a Estados Unidos.
El Tribunal de Bogotá dispuso la restitución internacional de la niña al lugar de residencia de su padre el 25 de julio de 2017. Sin embargo, su madre inició un proceso de tutela que terminó con la revocatoria del fallo del Tribunal por parte de la Corte Suprema, que, a su vez, consideró que se valoraron indebidamente las pruebas que permitían establecer que el padre consintió tácitamente la permanencia de la menor el Colombia, desestimó por falta de madurez de la menor, sus manifestaciones sobre en el no querer regresar a Estados Unidos y no constató las condiciones en las que la niña viviría en dicho país, con lo cual desconoció lo dispuesto en el Convenio de la Haya .
La Corte Constitucional amparó los derechos de la menor y de su progenitora, pero hizo una precisión: el Tribunal que ordenó el regreso de la niña a Estados Unidos erró al descartar por completo las manifestaciones de la voluntad de la menor, por considerar que no tenía la madurez suficiente para opinar sobre su retorno. Para la Corte Constitucional, se debió tener en cuenta que el Convenio de La Haya de 1980 “exige que la autoridad judicial que decide sobre restitución internacional, encuentre en la manifestación del menor un repudio irreductible a regresar”. En este sentido, la Corte Constitucional avanzó en la protección de los derechos fundamentales de los menores, que fundamentan la exigencia de que sus puntos de vista sean tenidos en los procesos judiciales que los afectan.
Para garantizar los derechos de la menor y de su progenitora, la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta los parámetros del fallo, principalmente en cuanto a la necesidad de valorar la opinión de la menor.

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pic Estos son los principios de transparencia de la Corte Constitucional en medios de comunicación

La Corte Constitucional está comprometida en publicar información a la ciudadanía de manera imparcial, con verdad, precisión e independencia.
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