pic T-002/17. Acuerdos logrados en consulta previa son obligatorios y susceptibles de tutela

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, amparó los derechos fundamentales a la consulta previa, al ambiente sano y a la vivienda digna en una acción de tutela presentada por las Comunidades Negras de Zacarías, Guadualitos y Campo Hermoso del Rio Dagua, en el Valle del Cauca, por incumplimiento a lo acordado en la consulta previa celebrada el 9 de febrero de 2013. La Sala Octava de la Corte al encontrar que la Alcaldía de Buenaventura incumplió con las medidas acordadas en materia de vivienda digna y ambiente sano en favor de las comunidades, estableció la obligatoriedad de los acuerdos logrados en el marco de consultas previas, toda vez que el derecho fundamental no se agota con la simple formalización o protocolización del acuerdo de consulta previa, sino que su goce se extiende al cumplimiento de todas las etapas posteriores (cumplimiento y cierre), a efectos de materializar una efectiva protección constitucional. Así, tratándose de minorías étnicas, catalogadas por la jurisprudencia como sujetos de especial protección constitucional, que no cuentan con otros mecanismos judiciales de defensa para exigir el cumplimiento de lo acordado, la acción de tutela se convierte en el único medio idóneo y efectivo para garantizar todas las facetas del derecho y hacer efectiva la voluntad de las partes en el diálogo intercultural de consulta previa.
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pic T-080/2017.Corte Constitucional reconoce derechos de indígenas ante fumigación con Glifosato

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional concedió una acción de tutela a los integrantes del Pueblo Carijona del Resguardo de Puerto Nare (Guaviare), y amparó sus derechos fundamentales a la consulta previa y posterior, a la integridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud en conexión con la vida y al medio ambiente sano, debido a que se les desconoció el derecho fundamental a la realización de una consulta previa, libre e informada, frente a la implementación del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos en sus territorios ancestrales en el departamento de Guaviare. Adicionalmente, la Corte ordenó una serie de medidas de política pública en materia de erradicación de cultivos ilícitos con Glifosato.
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pic Informe final de gestión (2009-2017) de la Magistrada María Victoria Calle Correa

Al culminar su periodo constitucional, la Magistrada saliente María Victoria Calle Correa presenta a la opinión pública su balance de gestión 2009-2017 que se relaciona a continuación.

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pic T-073/17 Corte ordena reapertura de establecimiento dedicado a la prostitución

Al conceder parcialmente una acción de tutela interpuesta por la propietaria de un negocio dedicado a la prostitución en Norte de Santander, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional determinó que, para poder funcionar, estos sitios debían cumplir con los requisitos exigidos por las normas a cualquier establecimiento de comercio de alto impacto. Asimismo, resaltó que estos tienen la obligación de garantizar los derechos de sus trabajadores y que el Estado debe vigilar que no se generen condiciones de explotación al interior de ellos. Finalmente, se ordenó a Migración Colombia que atienda la situación de las mujeres venezolanas que vienen a ejercer la prostitución en nuestro país, con el fin de protegerlas frente a la trata de personas y hacer prevalecer los derechos humanos de los migrantes.
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pic T-141/17 Corte Constitucional protege derecho a la no discriminación

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional protegió los derechos de una persona que fue discriminada y maltratada por sus vecinos por su orientación sexual. En consecuencia, ordenó al grupo de vecinos cesar los actos de discriminación y abstenerse de hacer alusión a la orientación sexual de cualquier residente con el propósito de ofender y agredir a través del uso de epítetos insultantes o descalificatorios.
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pic T-689/16 Corte favorece a dos estudiantes del programa “Ser Pilo Paga”

Al conceder dos acciones de tutela a igual número de estudiantes en Bogotá y Pasto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional determinó que el ICETEX, encargado de administrar los recursos presupuestales del programa Ser Pilo Paga a través del fondo cuenta, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso por exceso ritual manifiesto y a la educación de un joven que aspira a continuar sus estudios universitarios, (i) cuando lo excluye del programa Ser Pilo Paga, (ii) no obstante sus excelentes resultados en la prueba Saber 11 que lo ubican como uno de los mejores estudiantes del país, (iii) por no estar registrado en la base de datos del Sisbén en el término establecido en la convocatoria, (iv) pese a que con posterioridad, y en todo caso antes de que finalice la misma, acredita el requisito de inclusión en el Sistema de Potenciales Beneficiarios para programas sociales con un puntaje acorde al exigido; (v) sin tener en cuenta las circunstancias particulares que expone para justificar el incumplimiento del requisito exigido en la convocatoria.
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pic NOTA ACLARATORIA

Diferentes medios de comunicación han difundido un rumor según el cual mi compañero permanente, Gustavo Gómez Aranguren, habría recibido un ofrecimiento por parte del Gobierno Nacional para ocupar una Embajada, indicando que esta afirmación circuló en cierto evento social.
Considero necesario aclarar que ni mi compañero permanente, ni yo, hemos recibido ofrecimiento alguno para ocupar cargos diplomáticos por parte del Gobierno Nacional.
Existe una prohibición constitucional expresa de ofrecer empleos o cargos a los Magistrados de la Corte Constitucional durante su período de ejercicio o en el año siguiente a su terminación; un sano entendimiento de esa prohibición implica considerar que se extiende a sus cónyuges o compañeros permanentes, y que la prohibición cobija tanto el ofrecimiento como la aceptación. Además, aún si la prohibición no existiera en el plano jurídico, nos abstendríamos de aceptar un ofrecimiento de esa naturaleza, por considerarlo contrario a la ética pública y, especialmente, a la imparcialidad, independencia y rectitud de la Administración de Justicia.

María Victoria Calle Correa
Magistrada

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