CONVOCATORIA ELECCIÓN MAGISTRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

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pic T-498/17 Limitación del Derecho a libre desarrollo de la personalidad, por exigencia de documento

La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional aseguró que la exigencia de presentar la cédula de ciudadanía a un menor de edad, para la corrección del sexo consignado en el registro civil, es una limitación desproporcionada de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género. El pronunciamiento fue hecho al revisar una acción de tutela que interpusieron los padres de un menor que cambió de sexo en otro país.
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pic T-488/17 Unidad de Víctimas debe verificar solicitudes de división de núcleo familiar para entrega de ayudas humanitarias

La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional advirtió a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, que no puede desconocer su deber de verificar los hechos que invoque un ciudadano para ser sujeto de división del grupo familiar y, en consecuencia, debe abstenerse de emitir respuestas evasivas o puramente formales. El pronunciamiento fue hecho al conceder una acción de tutela a una persona a quien la UARIV le negó la división del grupo familiar, argumentando que no se cumplían los requisitos contemplados en la ley, sin haber verificado las condiciones reales y materiales del hogar sujeto de análisis. La Corte estudio el caso de una persona, que tiene a su cargo a sus 4 hermanos menores de edad, cuyo padre fue condenado por el homicidio de su madre y que figuraba como jefe cabeza de hogar, lo que hacía imposible que las ayudas llegaran al grupo familiar. La Corte Constitucional, recordó que la UARIV está obligada a ejercer un deber de mínima diligencia consistente en verificar las condiciones materiales de cada caso, en especial cuando se vean involucrados los derechos de los niños y niñas víctimas del conflicto armado, cuya eficacia tiene carácter prevalente en el orden constitucional.
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pic T-475/17 Corte ordena suministro de agua potable en tres municipios de Cundinamarca

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, ordenó a la Gobernación de Cundinamarca, a las Empresas Públicas de Cundinamarca, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima, a los Municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima, al Ministerio de Vivienda (Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico), al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación que en un término de veinte (20) días, presenten un cronograma sobre la forma en la que asumirán de manera urgente e inmediata la prestación del mínimo vital al agua potable en estas poblaciones. La instrucción fue dada en el marco de una acción de tutela que presentó un grupo de ciudadanos afectados por la falta del líquido vital. La Corte indicó que mientras se entrega dicho cronograma, se deberá garantizar que la cantidad de agua a proveer no pueda ser menor a 50 litros de agua diarios por persona.
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pic T-365/17 Aplicación de la vacuna contra el VPH requiere consentimiento informado

La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental a la salud de una menor de edad que alega haber sido afectada como consecuencia de la administración de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano. Tras encontrar diversas irregularidades en el diagnóstico y atención de la menor, la Sala ordenó a la E.P.S. Servicio Occidental de Salud que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas, inicie, junto con especialistas médicos, una valoración completa sobre su estado de salud, autorizando todos los medicamentos, tratamientos, insumos, intervenciones quirúrgicas y prácticas de rehabilitación que el médico tratante valore como necesarios para el restablecimiento o la mejoría de su estado de salud. Adicionalmente, la Corte advirtió al Ministerio de Salud y Protección Social que la vacuna contra el Virus de Papiloma Humano no puede imponerse contra la voluntad de las personas que por disposición legal son destinatarias de la misma (Ley 1626 de 2013); siguiendo la jurisprudencia constitucional, existe la necesidad de obtener su consentimiento informado, como condición previa para su administración. Por último, la Corte no accedió a la suspensión de la vacuna en la medida que las pruebas, informes científicos y conceptos académicos, recaudados en sede de revisión, no conducían a demostrar con grado de certeza un perjuicio en la salud humana.
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pic T-401/17 Incapacidades superiores al día 540 deben ser asumidas por las EPS, aún si existe pérdida de capacidad laboral inferior al 50%.

La Sala Quinta de Revisión amparó los derechos de una mujer diagnosticada con un trastorno mental crónico, el cual le ha impedido reintegrarse a su actividad laboral. La accionante fue calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al 50% (por lo cual no cumple con los requisitos para obtener la pensión de invalidez), pero se le continuaron prescribiendo incapacidades médicas durante los últimos cuatro años debido a su estado de salud. La Corte concluyó que esta circunstancia no puede implicar que el paciente que afronta una incapacidad prolongada quede desprotegido por la falta del auxilio económico que garantiza su subsistencia. Por tanto, la Corte reiteró que las EPS tienen el deber de asumir las incapacidades originadas en enfermedad común que superen los 540 días y no pueden alegar la falta de reglamentación como pretexto para desconocer dicha norma.
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pic T-473/17 Corte ordena a Procuraduría el reconocimiento como víctimas a padres de joven “Grafitero”

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los padres del menor, Diego Felipe Becerra Lizarazo, vulnerados por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional. La entidad accionada declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por los accionantes contra el fallo disciplinario que absolvió a varios uniformados, por los hechos que rodearon la muerte del joven “grafitero”, al considerar que los padres del menor no eran quejosos, ni sujetos procesales. La Corte encontró que las conductas de los uniformados en el hecho, constituyen un desconocimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que los padres del menor asesinado devienen víctimas y, en esa medida, debían ser reconocidos como sujetos procesales en la actuación disciplinaria, pudiendo interponer los recursos de ley en tal condición. Ver salvamento parcial de voto
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