pic T-690/17 Actualización de planes de prevención para desplazamiento por erradicación de cultivos ilícitos en Putumayo

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, ordenó a los representantes legales de los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo del departamento de Putumayo, elaborar o actualizar los Planes de Contingencia y los Planes de Prevención y Protección de Derechos Humanos y DIH por hechos victimizantes derivados de la erradicación de cultivos ilícitos. El pronunciamiento fue hecho al confirmar la sentencia del 1º de octubre de 2012 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual negó una acción de tutela interpuesta por el Defensor del Pueblo Regional Putumayo. La Corte considera de vital importancia resaltar la necesidad de que exista un enfoque preventivo cuando se realizan las actividades de erradicación, en tanto un efecto indirecto de éstas es el desplazamiento y la violencia armada ejercida mediante la plantación de minas antipersonal, por parte de grupos armados cuyo interés consiste en que no se lleve a cabo el proceso de destrucción de los cultivos ilícitos, toda vez que de dicha labor proviene una de sus fuentes de financiación.
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pic T-666/17 Medidas a favor de indígena y 12 familias campesinas del Cauca

La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, ordenó a la Unidad Nacional de Protección evaluar el riesgo en que se encuentra el líder indígena Rafael Ulcue Perdomo y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en un término de dos meses lleve a cabo un censo actualizado, de todas las personas que pertenecen al grupo de familias campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto (Cauca) beneficiarias de la medida de cautelar 97/10 de la CIDH. Una vez hecho el censo, dentro de las dos (2) semanas siguientes a su culminación, esta entidad deberá inscribir en el Registro Único de Víctimas a todas las personas que no estén inscritas y que cumplan con los requisitos legales. Igualmente, ordenó a la Unidad Nacional de Protección que, en un término de dos meses realice una evaluación de riesgo colectiva de las 12 familias campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal. La evaluación tendrá en cuenta un enfoque diferencial, por lo que valorará de manera expresa las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas del lugar donde se presentan las amenazas.
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pic A-736/17 – Corte niega solicitud de suspensión de la licitación pública para la contratación de recolección de basuras en Bogotá

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional no accedió a la solicitud presentada por la Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores (EMRS), en su calidad de miembro de la Unidad Nacional Independiente de Recicladores, mediante la cual se pretendía que se declarara el incumplimiento de las órdenes proferidas por este Tribunal, con ocasión de la Sentencia T-724 de 2003 y se suspendiera la Licitación Pública No. 02 de 2017, adelantada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).
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pic A-266/17. Nueva evaluación en superación de estado de cosas inconstitucional Tutela T-025/04

La Sala Especial de Seguimiento encontró que, a pesar de las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional, el cumplimiento a las órdenes dictadas para la atención, asistencia y protección de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes es bajo, “toda vez que se advierten deficientes planes, pobres ejecuciones y resultados parciales y limitados”. Ver comunicado

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pic T-424/17 Límites al principio de confianza legítima en proceso de recuperación de espacio público

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela que fue presentada por una vendedora informal en contra de la Alcaldía de Caldas (Antioquia), por considerar que en el marco del proceso policivo de restitución del espacio público que concluyó con su desalojo y la demolición del kiosco que había construido en la margen de una carretera, fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y al trabajo, al tiempo que se desconoció el principio de confianza legítima, por no haberle informado acerca de alternativas económicas u opciones de reubicación laboral.

La Corte negó el amparo solicitado, al encontrar que no existieron actos u omisiones atribuibles a la administración que propiciaran el surgimiento de una expectativa legítima en la accionante, que le permitiera confiar en que la ocupación del espacio público para el ejercicio de comercio informal era una situación jurídicamente aceptada y, por lo tanto, que no iba ser interrumpida por las autoridades en el futuro. Para el efecto, la Corte desarrolló un test para verificar casos de confianza legítima en vendedores informales, tendiente a demostrar la existencia de actos o hechos de la Administración concluyentes, inequívocos, verificables y objetivados que permiten predecir con un alto grado de probabilidad o de certeza que las expectativas que han sido creadas, promovidas o toleradas por el Estado en torno a la estabilidad o proyección futura de determinadas situaciones jurídicas favorables o al acaecimiento ulterior de un hecho esperado, en modo alguno, se verán perturbadas o frustradas como consecuencia del actuar sorpresivo de las autoridades, interpretado con el principio de buena fe y diligencia que debe también regir las actuaciones de los particulares. Con base en lo anterior, concluyó que la medida de recuperación del espacio público atiende a un fin constitucional, que en este caso no desconoció el principio de confianza legítima invocado por la accionante.

Finalmente, la Corte recordó que la defensa del derecho constitucional al espacio público es jurídicamente exigible, advirtiendo que la competencia para tal efecto es de las autoridades administrativas y judiciales, quienes tienen la obligación de ejercer vigilancia y garantizar su protección. Sin embargo, señaló que la facultad de adelantar acciones tendientes a la recuperación del uso común del espacio ocupado irregularmente no es ilimitada, pues debe ejercerse mediante un proceso en el que se respeten, de un lado, las reglas del debido proceso administrativo y, de otro, el principio de confianza legítima.
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pic T-250/17 Debido Proceso de dos ciudadanos venezolanos en trámite de reconocimiento de refugiado y visado

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por dos ciudadanos venezolanos, que consideraban que el Ministerio de Relaciones Exteriores había desconocido sus derechos fundamentales por contestar de manera negativa una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados. Igualmente, manifestaron que a su hija menor de edad se le desconoció el derecho a la educación al exigirle como requisito para el acceso a la educación una visa válida.

Para resolver el caso, la Sala Tercera de Revisión afirmó que le corresponde al Presidente de la República dirigir las relaciones internacionales del Estado, lo cual comprende su facultad para definir la política migratoria, como este lo realizó mediante el Decreto 1067 de 2015, que regula la condición de refugiado. En el caso concreto, concluyó que no hubo una afectación al debido proceso en el trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, pues su valoración y análisis se ciñó a lo dispuesto en el dicho decreto.

Con todo, consideró que el Ministerio de Relaciones Exteriores desconoció el debido proceso de uno de los accionantes, al motivar de manera insuficiente su negativa a reconocer la visa de trabajo solicitada por él para regularizar su situación migratoria en Colombia.

Finalmente, con relación al derecho a la educación, recordó que existe un mandato de igual reconocimiento de derechos a favor de nacionales y extranjeros, aunque precisó que de ese mandato no se desprende la prohibición de realizar diferenciaciones razonables. Consideró que la exigencia de visa válida a las personas extranjeras para el ingreso a una institución educativa cumple distintas finalidades constitucionales, por lo que se considera razonable.
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pic Presidenta de la JEP visita la Sala Plena

La Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares se reunió con los Magistrados que integran la Sala Plena, para presentar un saludo protocolario.
La Doctora Linares quien fue elegida el pasado 26 de septiembre por el Comité de Escogencia de la JEP, indicó que esta es la primera de una serie de visitas que hará a las altas cortes para expresar su disposición a respetar y acatar las decisiones que profieran en el marco legal.
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